Administrador concursal: qué es, qué hace y cómo cobra

El administrador concursal es el profesional que el juez designa, en el mismo auto que declara el concurso, para que intervenga o sustituya al deudor en la gestión de su patrimonio y lleve el procedimiento por dentro: comprueba las deudas, hace el inventario, informa al juzgado y, si hay liquidación, vende los bienes y paga.

Lo elige el juez, no el deudor ni los acreedores, de entre las personas inscritas en la sección correspondiente del Registro público concursal. El deudor no puede proponer a nadie, y eso es parte de la garantía: quien va a revisar cómo se llegó a la insolvencia no lo escoge el revisado.

Hay un caso en que no se nombra: el concurso sin masa, el de la empresa o la persona que no tiene bienes ni para pagar el procedimiento. Ahí el juez declara el concurso y solo designa administrador concursal si lo piden acreedores que representen una parte suficiente del pasivo, para que emita un informe sobre si hay algo que investigar. En el procedimiento especial de microempresas su intervención tampoco es siempre obligatoria.

No es un cargo abierto a cualquiera. La ley exige ser abogado, economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con experiencia profesional acreditada, y haber superado una formación especializada en materia concursal. También pueden serlo las personas jurídicas que integren a profesionales con esos perfiles, y en ese caso designan a una persona natural que las represente en el concurso.

Además, hay que estar inscrito en el Registro público concursal, y la designación se hace entre los inscritos, con reglas distintas según el tamaño del concurso. No puede ser nombrado quien tenga relación con el deudor o con acreedores relevantes, ni quien haya prestado servicios profesionales al concursado en los años anteriores, entre otras incompatibilidades.

No es un funcionario ni un representante de los acreedores: es un profesional que responde de los daños que cause al deudor o a los acreedores por actos contrarios a la ley o sin la diligencia debida.

Su retribución no la pacta con nadie: la fija el juez aplicando un arancel aprobado por reglamento, que la calcula a partir del valor de la masa activa y del pasivo, con correcciones según la complejidad del concurso, el número de acreedores y la fase en que esté. En un concurso con convenio o con liquidación la cuantía es distinta, y la ley pone límites a lo que puede cobrar en total y a lo que cobra por cada fase.

Lo cobra con cargo a la masa: es decir, sale del patrimonio del concursado antes que las deudas ordinarias, porque es un crédito contra la masa. Esto es lo que explica que en un concurso con pocos bienes la retribución del administrador concursal sea una partida importante, y que en uno sin bienes la ley haya optado por no nombrarlo salvo petición de los acreedores.

Para la empresa que valora concursar, la pregunta útil es qué parte de la masa se va a ir en el procedimiento. Lo tratamos en cuánto cuesta un concurso de acreedores, donde se separa lo que cobra el abogado del deudor, lo que cobra la administración concursal y lo que cuesta el resto.

El nombramiento es público. El auto de declaración de concurso se publica en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro público concursal, y en esa publicación consta quién ha sido designado administrador concursal y la dirección, postal y electrónica, a la que los acreedores deben comunicar sus créditos.

Si usted es acreedor de una empresa concursada, esa dirección es la que importa: la comunicación de créditos se dirige al administrador concursal, no al juzgado, y tiene plazo. Los pasos están en cómo comunicar un crédito en un concurso.

Si usted es la empresa concursada, el administrador concursal se pondrá en contacto nada más aceptar el cargo para pedir la documentación: contabilidad al día, relación de bienes, contratos en vigor, plantilla y lista de acreedores.

Hay varias vías, según lo que se discuta.

Si lo que no se comparte es el inventario o la lista de acreedores, se impugnan ante el juez del concurso en el plazo que la ley fija desde que se presentan, mediante un incidente concursal. Es la vía habitual del acreedor que ve su crédito excluido o clasificado peor de lo que corresponde, y la del deudor que discrepa de una valoración.

Si lo que se cuestiona es la imparcialidad o la aptitud del administrador concursal, cabe la recusación por las causas que la ley prevé, y el juez puede además separarlo del cargo por justa causa, de oficio o a petición de cualquier legitimado.

Y si su actuación ha causado un daño, el deudor, los acreedores o terceros pueden ejercitar la acción de responsabilidad para que lo indemnice, con un plazo de prescripción que empieza a contar desde que el perjudicado conoció el daño y, en todo caso, desde que el administrador concursal cesó.

Lo que no es una vía es el enfrentamiento personal durante el concurso. Las discrepancias se formalizan por escrito ante el juzgado, con plazos. Quien las deja pasar pierde el derecho a plantearlas.

Tanto si es usted el administrador de la sociedad concursada como si es acreedor de una empresa en concurso, lo que se diga y se entregue al administrador concursal queda en el expediente. Conviene preparar la documentación con criterio y responder dentro de plazo.

Si es acreedor y el informe no recoge bien su crédito, el siguiente paso es impugnar la lista de acreedores. Si es el administrador de la concursada, lo que se examina después de su gestión está en concurso culpable. Y si la empresa propone seguir, la administración concursal también informa la propuesta de convenio de acreedores.

Si quiere que revisemos su posición en un concurso, cuéntenos el caso.