Concurso voluntario de acreedores: plazo, documentos y qué pasa después de presentarlo

El concurso es voluntario cuando lo pide el propio deudor. El nombre engaña: cuando la empresa está en insolvencia actual, pedirlo no es una opción, es una obligación con plazo. El deudor debe solicitarlo dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer que no podía pagar con regularidad sus obligaciones.

Lo que sí es voluntario es pedirlo antes de estar obligado: con insolvencia inminente, cuando se prevé que no se va a poder pagar dentro de los tres meses siguientes. Esa anticipación es la que permite llegar con la documentación hecha, con la actividad en marcha y con la gestión en las propias manos.

Cuándo empieza a correr el plazo y qué señales lo marcan está en cuándo hay que solicitar el concurso. Esta entrada explica cómo se pide y qué pasa después.

Si es la primera vez que se enfrenta a esto, la visión de conjunto del procedimiento está en qué es el concurso de acreedores.

En una sociedad, la decisión de solicitar el concurso corresponde al órgano de administración, no a la junta de socios. El administrador único, los solidarios o el consejo deciden y firman la solicitud. Si la sociedad está en liquidación, deciden los liquidadores.

Eso tiene una consecuencia práctica: el administrador no puede escudarse en que los socios no quieren concursar. El deber es suyo y la responsabilidad, si se incumple, también. Un socio que no es administrador no puede pedir el concurso de la sociedad por su cuenta, pero puede exigir al administrador que cumpla y dejar constancia de que lo hizo.

Para presentar la solicitud hacen falta abogado y procurador. La solicitud se presenta en el juzgado de lo mercantil del lugar donde el deudor tenga el centro de sus intereses principales, que en una sociedad se presume que es su domicilio social, salvo que lo haya cambiado en los seis meses anteriores.

La solicitud no es un formulario. Es lo primero que lee el juez, lo primero que examina la administración concursal y, si se abre la sección de calificación, lo que se compara con lo que realmente pasó. Una memoria que explique con claridad por qué la empresa dejó de poder pagar, y una contabilidad que lo respalde, son la mejor defensa del administrador.

Lo contrario también es cierto. Una contabilidad con irregularidades relevantes, cuentas de ejercicios sin formular o una lista de acreedores que olvide a quien no conviene son hechos que la ley asocia directamente al concurso culpable. Y los pagos selectivos de los meses anteriores, a un acreedor que uno avaló o a un proveedor amigo, quedan a la vista en el inventario y en los extractos.

Por eso el trabajo empieza antes de la solicitud: poner la contabilidad al día, reconstruir la lista de acreedores completa y fijar con documentos la fecha en que la insolvencia se hizo evidente. Si la empresa es muy pequeña, hay un cauce propio, más sencillo: el procedimiento especial para microempresas.

Desde el auto, la empresa trabaja con la administración concursal, que supervisa la gestión, prepara el inventario y la lista de acreedores y opina sobre la viabilidad. Conviene saber desde el principio qué va a pedir y en qué plazos.

Si la empresa puede seguir, el concurso se encamina a un convenio de acreedores con quitas y esperas, que se vota y, si se aprueba, se cumple. Si no puede, se abre la liquidación.

Cuando el deudor no pide el concurso, lo acaba pidiendo un acreedor, y entonces es necesario. Cambian tres cosas, y las tres en contra del deudor.

La primera es la gestión. En el concurso necesario, la regla es que el deudor pierde las facultades de administrar y disponer de su patrimonio, que pasan a la administración concursal. El administrador deja de decidir en su propia empresa.

La segunda es la preparación. El deudor se entera por la notificación del juzgado, con unos días para oponerse, y llega al concurso sin memoria, sin inventario y sin haber fijado él la fecha de la insolvencia. Lo que el acreedor alegue para fundar la solicitud, el sobreseimiento de pagos o los embargos, queda como punto de partida.

La tercera es la calificación. Haber incumplido el deber de solicitar el concurso en plazo hace presumir, salvo prueba en contrario, que la insolvencia se agravó con dolo o culpa grave. Es el camino más corto al concurso culpable y a responder del déficit con el patrimonio personal. Las consecuencias están en concurso culpable: consecuencias para el administrador.

Es el mismo procedimiento con distinta puerta de entrada. Lo que cambia es quién da el primer paso y en qué posición queda el deudor.

• Quién lo pide. El voluntario, el propio deudor. El necesario, normalmente un acreedor, que tiene que acreditar un hecho que revele la insolvencia, como un embargo sin bienes suficientes o el impago generalizado. No basta con que le deban una factura.
• Qué puede hacer el deudor. En el necesario se le da traslado de la solicitud y puede oponerse; si acredita que es solvente, no se declara el concurso. Los plazos para contestar son cortos.
• Quién gestiona. En el voluntario, por regla general, el administrador sigue al frente con la intervención de la administración concursal; en el necesario, lo habitual es que pierda la gestión.
• Cómo llega a la calificación. Pedirlo en plazo pesa a favor del administrador. Que haya tenido que pedirlo un acreedor hace presumir que no se pidió a tiempo.

Hay señales de que un concurso necesario se acerca: reclamaciones judiciales de varios proveedores, embargos que no se cubren, deudas con Hacienda o la Seguridad Social que no dejan de crecer, o estar pagando a unos acreedores con un dinero que ya no alcanza para todos. Si se reconoce en ellas, el momento de decidir es ahora.

Si la empresa es viable y lo que tiene es deuda que no puede atender como está, el concurso no es la primera herramienta. La comunicación de apertura de negociaciones da unos meses de protección frente a ejecuciones y suspende el deber de pedir el concurso, y el plan de reestructuración permite reorganizar la deuda con homologación judicial, también frente a los acreedores que no estén de acuerdo.

Si la empresa no es viable y no tiene bienes, el concurso puede ser corto: la ley prevé el concurso sin masa, que se declara y se concluye si ningún acreedor con crédito suficiente pide que se nombre administración concursal para investigar.

Y si detrás de la sociedad hay avales personales del administrador o de los socios, el concurso de la sociedad no los cancela. Para eso hay que mirar a la vez la segunda oportunidad de la persona física. Si quiere que miremos cuál es su caso, escríbanos con las últimas cuentas y la lista de lo que debe.