Cómo funciona la ley de segunda oportunidad en España para una persona física

Lo que todo el mundo llama ley de segunda oportunidad es, en términos legales, la exoneración del pasivo insatisfecho: el mecanismo que permite a una persona física que no puede pagar sus deudas liberarse de ellas y volver a empezar sin arrastrarlas de por vida.

Funciona dentro de un concurso de acreedores. La persona pide el concurso, se reparte lo que tiene, si tiene algo, entre sus acreedores, y al final pide al juez que le exonere de lo que ha quedado sin pagar. Si cumple los requisitos, el juez lo concede y las deudas exoneradas dejan de ser exigibles.

Es un procedimiento judicial, con plazos, documentación y un examen de la conducta del deudor, y desde la reforma concursal de 2022 admite dos caminos, con y sin liquidación de bienes. Esta página está pensada para la persona física que no es empresaria. Si usted es autónomo, la página de segunda oportunidad para autónomos recoge lo que cambia en su caso.

Puede pedirla cualquier persona natural en situación de insolvencia, actual o inminente, sea o no empresaria, trabaje o esté jubilada, viva de una nómina o de una pensión. No hay un importe mínimo de deuda ni un número mínimo de acreedores que la ley fije de forma expresa, aunque este último punto no lo resuelven igual todos los juzgados.

Lo que la ley exige es que el deudor sea de buena fe, y lo define con una lista de exclusiones concretas. No puede obtener la exoneración quien haya sido condenado en los diez años anteriores por delitos contra el patrimonio, contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, de falsedad documental o contra los derechos de los trabajadores; quien haya sido sancionado por infracciones tributarias muy graves, o de Seguridad Social o del orden social, en ese mismo periodo, sin haberlas pagado; quien haya visto su concurso declarado culpable; quien haya incumplido deberes de colaboración e información con el juzgado y la administración concursal; o quien haya facilitado información falsa o engañosa.

Fuera de esas exclusiones, y de haber obtenido otra exoneración poco antes, la ley no pide explicaciones sobre por qué se llegó a la insolvencia. Los requisitos se detallan en segunda oportunidad: requisitos.

La regla general es amplia: se exoneran todas las deudas que no se hayan podido pagar en el concurso, sea cual sea su origen. Préstamos, tarjetas, deudas de un negocio anterior, avales, lo que quedó pendiente tras ejecutar una hipoteca.

La ley saca algunas de la regla. No se exoneran las deudas por alimentos, las de responsabilidad civil derivada de delito, las indemnizaciones por daños personales, las multas y sanciones penales o administrativas graves, ni las costas y gastos del propio concurso. Las deudas con garantía real, como la hipoteca, quedan fuera hasta donde alcance el valor del bien hipotecado; lo que exceda sí puede exonerarse.

El caso más preguntado es el del crédito público. Las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social se exoneran con un tope por cada una de esas administraciones, y lo que sobrepase el tope sigue debiéndose. Tiene su propia página: exonerar deudas con Hacienda y Seguridad Social.

Tener un sueldo no impide pedirla. Al contrario: la nómina o la pensión son lo que hace posible la vía del plan de pagos, en la que el deudor conserva sus bienes y se compromete a destinar durante unos años la parte de sus ingresos que exceda del mínimo inembargable a pagar a los acreedores. Al terminar el plan, lo que quede se exonera.

Para quien no tiene bienes que conservar, la vía de la liquidación suele ser más corta: se liquida lo que haya, que a veces es nada, y se pide la exoneración directamente. La nómina sigue siendo suya, y los embargos que ya existieran se paralizan con el concurso.

Lo que cambia con los ingresos es la conveniencia de una vía u otra: con un sueldo alto y una vivienda que conservar, el plan de pagos tiene sentido; con ingresos bajos y sin patrimonio, la liquidación cierra antes. Durante el procedimiento la persona sigue trabajando con normalidad.

No existe hoy una norma que se llame ley de segunda oportunidad. El nombre viene de la ley de 2015 que introdujo el mecanismo en España y que así se tituló. Desde 2020 su contenido está dentro del texto refundido de la Ley Concursal, y la reforma de septiembre de 2022, que trajo la directiva europea sobre reestructuración e insolvencia, lo reescribió casi por completo.

Si quiere leer la regulación vigente, está en el texto refundido de la Ley Concursal publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el título dedicado a la exoneración del pasivo insatisfecho, a partir del artículo 486. Ahí se fijan quién puede pedirla, qué deudas se exoneran y cuáles no, las dos vías, el plan de pagos y la revocación. Mucha información que circula describe la versión anterior a 2022, con acuerdo extrajudicial de pagos y mediador concursal obligatorios: está desfasada.

No hay un plazo único, porque son dos caminos distintos.

Con liquidación, y sobre todo cuando no hay bienes, el concurso puede resolverse en meses: se declara, se comprueba que no hay nada que repartir, se concluye y se concede la exoneración. Lo que más influye es la carga del juzgado y que la documentación esté completa desde el primer día.

Con plan de pagos, el calendario lo marca el propio plan: tres años como regla general, y cinco cuando se conserva la vivienda habitual o en otros casos que la ley prevé. Durante ese tiempo se paga lo comprometido y al final se obtiene la exoneración definitiva, aunque desde la aprobación del plan ya hay una exoneración provisional que protege frente a los acreedores. La duración de un concurso de empresa está explicada aparte.

Quien no tiene negocio, un asalariado, un pensionista o alguien que avaló a un familiar, también pide la exoneración a través de un concurso de acreedores. No hay una solicitud distinta para particulares: es el concurso de una persona física no empresaria, y se presenta con abogado y procurador.

Así suele ir el trabajo:

• Primera revisión. Con la lista de deudas, los ingresos y lo que tiene a su nombre se comprueba si hay insolvencia y si se cumplen los requisitos de buena fe.
• Preparación de la solicitud. Se redacta una memoria que explica cómo se llegó a la situación, con el inventario de bienes y la relación de acreedores. Al no llevar contabilidad mercantil, pesan más las nóminas, los extractos y los contratos de préstamo.
• Elección de la vía. Con plan de pagos, si hay ingresos y algo que conservar; con liquidación, si no hay patrimonio que proteger.
• Presentación y seguimiento ante el juzgado que corresponda a su domicilio, hasta la exoneración.

Si quiere saber si su caso encaja, prepare esos papeles aunque estén desordenados y pida una primera consulta. Lo que pasa con lo que se debe a la Agencia Tributaria está en exonerar deudas con Hacienda y Seguridad Social.

Prepare la lista de lo que debe, con el acreedor y el importe aproximado de cada deuda, lo que tiene a su nombre y sus ingresos mensuales. Con eso, en una primera consulta se puede decir si cumple los requisitos, qué deudas quedarían fuera, qué vía le conviene y qué pasaría con su vivienda.

Si prefiere empezar por ahí, escríbanos o llámenos.