Qué es el concurso de acreedores: guía para empresas

El concurso de acreedores es el procedimiento judicial previsto para el deudor que no puede pagar con regularidad sus obligaciones. Sirve para dos cosas, y no siempre para las dos a la vez: ordenar el pago a los acreedores con lo que haya, y, si la empresa es viable, darle una salida que le permita seguir.

Lo regula el texto refundido de la Ley Concursal, reformado a fondo en 2022. Puede concursar cualquier deudor, sea una sociedad, un autónomo o un particular, y el presupuesto es siempre el mismo: la insolvencia. Actual, cuando ya no se puede pagar lo que vence; o inminente, cuando se prevé que no se podrá dentro de los tres meses siguientes.

Esta guía explica cómo funciona el concurso de una empresa de principio a fin. Si lo que necesita saber es si su empresa tiene ya la obligación de pedirlo, empiece por cuándo hay que solicitar el concurso.

El concurso es voluntario cuando lo solicita el propio deudor, y necesario cuando lo solicita un acreedor u otro legitimado. La diferencia no es de nombre.

El deudor que lo pide elige el momento, llega con la documentación preparada y, por regla general, conserva la administración de la empresa, aunque intervenida por la administración concursal. Además cumple el deber legal de solicitarlo en los dos meses siguientes a conocer la insolvencia, lo que pesa después si se examina su conducta.

El acreedor que lo pide tiene que fundarlo en hechos concretos que la ley enumera, como el sobreseimiento general en los pagos, embargos que afecten a todo el patrimonio o el impago generalizado de impuestos, cuotas o salarios durante los meses anteriores. En el concurso necesario, la regla es que el deudor pierde las facultades de administrar y disponer de sus bienes, que pasan a la administración concursal. Cómo se prepara la solicitud y qué pasa después está en concurso voluntario: plazo, documentos y qué pasa después.

La empresa no cierra por el hecho de concursar. Puede y, en general, debe seguir con su actividad, porque es lo que mantiene el valor de lo que hay y permite pagar más a los acreedores.

Lo que cambia es quién decide. En el concurso voluntario, el administrador sigue al frente, pero sus actos de administración y disposición necesitan la autorización o conformidad de la administración concursal. En el necesario, la administración concursal sustituye al administrador. El juez puede alterar esa regla en uno u otro sentido.

La administración concursal es un profesional, normalmente abogado o economista, nombrado por el juzgado, que gestiona o supervisa, elabora el inventario y la lista de acreedores, y informa al juez. Sus honorarios los paga la masa del concurso según un arancel. Cuánto supone todo esto está en cuánto cuesta un concurso de acreedores.

Los contratos con obligaciones pendientes para las dos partes siguen en vigor por el hecho de la declaración, y las cláusulas que permiten resolverlos solo por concursar no valen. La administración concursal puede pedir la resolución de los que no interesen a la empresa, y la contraparte puede pedirla si la empresa deja de cumplir.

Desde la declaración del concurso, los acreedores no pueden iniciar ejecuciones contra el patrimonio del deudor, y las que estaban en marcha quedan en suspenso, con excepciones para determinadas garantías reales y ejecuciones laborales y administrativas. Dejan de devengarse intereses, salvo los de créditos con garantía real hasta donde alcance la garantía.

Cada acreedor tiene que comunicar su crédito en el mes siguiente a la publicación del concurso en el Boletín Oficial del Estado. Si lo hace tarde, su crédito se clasifica, por regla general, como subordinado. Cómo se hace está en cómo comunicar un crédito en un concurso.

Los créditos se clasifican, y la clasificación decide el orden de cobro. Los créditos contra la masa, los generados por el propio concurso y por la actividad posterior, se pagan a su vencimiento. Después, los privilegiados: con privilegio especial, los garantizados con hipoteca o prenda sobre un bien concreto; con privilegio general, entre otros, parte de los salarios y de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Luego los ordinarios, que son la mayoría de los proveedores. Y por último los subordinados: intereses, multas, los comunicados tarde y los créditos de las personas especialmente relacionadas con el deudor, como los socios que le prestaron dinero.

Los contratos de trabajo siguen. Si hay que reducir plantilla, suspender contratos o modificar condiciones de forma colectiva, se hace dentro del concurso, ante el juez de lo mercantil, con un procedimiento propio que sustituye al laboral ordinario. Los salarios de los últimos treinta días de trabajo anteriores al concurso, hasta cierto límite, se pagan como crédito contra la masa, y el Fondo de Garantía Salarial cubre parte de lo que la empresa no puede pagar. Lo tratamos en concurso de acreedores y trabajadores.

Para el administrador, el concurso no es un trámite neutro. Si la sección de calificación concluye que el concurso es culpable, puede ser inhabilitado para administrar bienes ajenos durante un periodo de entre dos y quince años, perder lo que tuviera que cobrar del concurso y ser condenado a cubrir, total o parcialmente, el déficit que quede sin pagar. La ley presume la culpa en casos concretos, entre ellos haber pedido el concurso fuera de plazo. Lo explicamos en concurso culpable: consecuencias para el administrador.

Los avales personales que el administrador o los socios firmaran para la empresa no se ven afectados por el concurso de la sociedad: el banco puede reclamarlos aparte. Para eso existe la segunda oportunidad.

No hay un plazo único. Un concurso sin masa puede concluir en pocos meses; uno con convenio, durar lo que dure el convenio; uno con liquidación de inmuebles y pleitos abiertos, varios años. Lo que se puede prever está en cuánto dura un concurso de acreedores.

El coste tiene dos partes: los honorarios de la administración concursal, que paga la masa según arancel, y los del abogado y el procurador del deudor, que se presupuestan por escrito antes de empezar. El procurador y el abogado son obligatorios para solicitar el concurso.

Si la empresa sigue adelante, el pago se organiza con un convenio de acreedores; si no, se liquida, y cerrar una empresa con deudas explica las dos maneras de hacerlo. Durante todo el procedimiento interviene el administrador concursal. Y para elegir quién le acompaña, mire qué hace un abogado concursal.

Por dónde empezar depende de dónde esté la empresa. Si todavía paga pero ve que no va a poder, el momento es ahora, y las opciones son más: reestructurar antes que concursar. Si ya no paga, el plazo de dos meses está corriendo y lo primero es fijar desde cuándo. Si quiere que lo miremos con los números delante, escríbanos: le decimos qué opción le queda y cuánto tiempo tiene.